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En 1862 habían logrado que el Gobierno dejara de considerar San Sebastián Plaza de Guerra, pero condicionado a que se reforzaran las defensas del Castillo de la Mota, que seguían siendo eficaces. Al cabo de un año, en 1863, llegaba el permiso de derribo de las murallas siendo alcalde Eustasio Amilibia. El 29 de abril había acudido al Teatro Principal. Sonaba la ópera de 'il Trovadore' cuando recibió la ansiada noticia por telégrafo. Aprovechando el entreacto anunció a viva voz la buena noticia: «El abandono de San Sebastián como Plaza de Guerra y el consiguiente derribo de las murallas, autorizando al Ayuntamiento para que desde entonces y a su costa pudiera abrir las puertas o boquetes que fueran necesarios para facilitar la circulación con el exterior».
Cinco días más tarde, en el mediodía del lunes 4 de mayo, se realizó el acto oficial del derribo. A pesar de la intensa lluvia que caía, los donostiarras engalanaron la ciudad y se congregaron en multitud al pie de la muralla. Un coro interpretaba una marcha compuesta expresamente por el maestro Santesteban para esta ocasión. Subidos a la muralla, el Gobernador y el Alcalde hicieron sus discursos, alabando a las personas que habían llevado las conversaciones, como Fermín Lasala, el General Prim, el General Arteche, y otros. Se habló del futuro prometedor de la ciudad y con palanca de plata se levantó la primera piedra que cayó al foso rompiéndose en pedazos. Hubo muchos que bajaron a recoger los trozos como recuerdo. El de mayor tamaño se depositó en la Casa Consistorial.
A partir de este momento se abrieron dos grandes boquetes. Uno frente a la fonda de Beraza (en la actual calle Igentea) y otro frente a la Brecha, dando salida directa a las carreteras de Madrid y Francia, respectivamente. Pero la orden definitiva de derribo todavía tardó un año más. Los terrenos que iban a quedar libres eran una fuente de especulación y tanto San Sebastián como el Ramo de Guerra argumentaban sus derechos de propiedad. El tiempo pasaba y San Sebastián tenía demasiada prisa para construir su futuro y cedió: el ayuntamiento renunciaba a la propiedad de los terrenos y se hacía responsable del derribo de las murallas. El Estado se comprometía a pagar los gastos de demolición con los beneficios obtenidos con la venta de los solares.

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